¿Privatización?

Por Encarni Milla.

Cuando un político la única visión que tiene del ayuntamiento es la de la política de los favores es un mal asunto para el interés público, y mantener esta visión abusando de los privilegios que conlleva el cargo es el camino seguro para llevar al caos la contratación y el empleo públicos.

Cuando se huye de los contratos mediante concurso, que dan las mismas oportunidades a unos y a otros, y que permiten que la entrada del personal se haga de una forma medianamente equitativa, es cuando queda en evidencia la política de las prebendas que no persigue otra cosa que la privatización encubierta a beneficio de unos pocos en detrimento de la mayaría. Es poner en la práctica lo que en educación se llama “currículum oculto” con intenciones torticeras.

Es el caso de los comunicados que hablan de “rentabilidad” de empresa aplicando criterios de mercado a una empresa de servicio público. En la empresa pública de servicios como es el caso de Limancar, no puede haber beneficios (rentabilidad) que repartir entre socios propietarios, sino eficacia y eficiencia (conceptos también de la economía de mercado pero que son perfectamente aplicables al sector público) que se traduzcan en rentabilidad social, es decir, máxima prestación de servicios, con empleos de calidad y al mínimo de costes, que es algo muy distinto y que más de uno debiera saber diferenciar.

La mala gestión, el favoritismo de unos en perjuicio de otros e incluso la irregularidad, sólo llevan a las empresas públicas a situaciones de crisis, y dan argumentos a los defensores de las privatizaciones que sostienen la ineficiencia y la ineficacia de las empresas públicas por el simple hecho de ser públicas, como si las empresas privadas que se gestionan mal, que favorecen injustamente a unos en contra de otros y que caen en la irregularidad, no entraran en crisis por el sólo hecho de ser privadas, y que olvidan de forma interesada que en todas las privatizaciones que se han llevado a cabo en España, lo que se ha privatizado es lo que ya estaba bien gestionado y saneado.

Cuando desde la política alguien comete irregularidades y errores de gestión que ponen en peligro a una empresa pública con el posible propósito de justificar la privatización de servicios esenciales para la comunidad, no sólo tiene que dejar el cargo que ocupa sino que debería dar explicaciones a las instancias que correspondan.